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Una vez descongelados deberá favorecerse la disolución del producto mediante manipulación suave y transfundirse a la brevedad, o, preservarse entre +2° y +6° C por un transcurso que no exceda de 6 horas con el objetivo de eludir la pérdida de sus propiedades procoagulantes, de no transfundirse en ese lapso se le va a dar destino final. Podrán conseguirse cantidades más bajas de leucocitos residuales si en el procesamiento de las unidades de plasma se incluye algún método de leucodepleción concreto. Las bajas temperaturas pueden causar fractura de las bolsas contenedoras del plasma o de los crioprecipitados, con lo que a lo largo del descongelamiento se revisará la existencia de fugas; de haber alguna, se le dará destino final a la unidad. No deberán identificarse como plasmas frescos ni se obtendrá de ellos crioprecipitados si no cumplen los requisitos de procesamiento que apunta el apartado previo. Para contrastar el logro del objetivo a que tiene relación el primer parágrafo del inciso d) de este capítulo, se deberá contar con método validado para el efecto. Los concentrados de granulocitos se deberán preservar entre +20º y +24º C, preferentemente sin agitación.
En él se establece que las comunidades y pueblos indígenas, de forma directa o por medio de sus comités o consejo de desarrollo, elaboren y ejecuten su proceso de planeación, definiendo sus preferencias de desarrollo y las maneras de llevarlos a cabo. Los tres niveles de gobierno tendrán la obligación de estimar los contenidos y prioridades de los indígenas, en sus planes y programas de avance, y desarrollar el gasto de tal manera que logren realizarse. Ese es el espíritu que permea nuestro Sistema Nacional de Planeación Democrática, lo mismo que en la Ley de Planeación. Además, el Estado Mexicano se ha comprometido en el campo en todo el mundo a legislar y a entablar las políticas públicas en apoyo a que sean los propios pueblos indígenas los que diseñen y gestionen su propio avance, de acuerdo con sus necesidades y el futuro que quieran crear. La presente Ley es de orden público y también interés social y tienen por objeto conservar y proteger los entendimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio nacional. Promoverá la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía por norma general, en el control y supervisión de los programas de desarrollo popular, así como de su evaluación en los términos del artículo 73 de esta Ley, y determinará, en coordinación con las entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno que tengan a su cargo programas de avance popular, los requisitos, instrumentos y mecanismos para la Contraloría Popular.
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Sorprendentemente, a fines del siglo XVIII, fueron exactamente los mismos jueces quienes tendieron a minimizar la fuerza del binomio “naturaleza/contra natura” al recurrir a explicaciones de índole médica para interpretar el comportamiento de los acusados, siendo ilustrativo al respecto el capítulo de Holler sobre Gregoria Rosa de Ubeda, quien pretendía sostener relaciones sexuales con el demonio, a lo que los inquisidores respondieron con razonamientos “médico-emocionales”. Consecuentemente, los autores parten de la definición que dan los teólogos y el derecho canónico de los “pecados nefandos” o “contra natura”, a entender, todas las prácticas sexuales que no están orientadas a la procreación y perpetuación de la especie humana, sino más bien a la obtención del exitación propio en una visión egoísta que desafía la razón humana. No obstante, sus investigaciones muestran que esta definición era turbia, que produjo fuertes polémicas, que evolucionó a través del tiempo y que no se aplicó del mismo modo a todos los individuos. En otras palabras, si bien la oposición “natura/contra naturaleza” fue dominante y estructuró el pensamiento de los actores sobre la sexualidad tanto propia como extraña, distó mucho de ser consensual y estática a lo largo del periodo de tiempo y espacios estudiados. Con cualquier lesión existe el peligro de empeorarla si el tolerante no se somete a un régimen, esperando que los síntomas se alivien por sí mismos.
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A toda unidad procedente de otro lugar se le deberá añadir la identificación numérica o alfanumérica correspondiente al establecimiento al que ingresa, permitiendo en todo momento la trazabilidad de la unidad o la muestra. La identificación numérica o alfanumérica va a ser única para cada unidad, sus muestras, documentos y registros y va a deber permanecer inalterada. Predominantemente se usará el sistema de código de barras u otros de mejor tecnología, tales como dispositivos electrónicos o de radiofrecuencia que complementariamente dejen el enlace con otros sistemas electrónicos. Las etiquetas de los elementos sanguíneos y de las muestras deben estar firmemente adheridas y ser de manera fácil legibles. El rastreo de anticuerpos irregulares de relevancia clínica y, en su caso, la identificación de estos, se va a deber efectuar en todos los donantes y receptores que tengan antecedentes propiciadores de aloinmunización. Cada una de las pruebas para la identificación del antígeno D, se deberá validar mediante una prueba de control, que deje probar la sepa de aglutinación inespecífica.
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la que ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Los principios del producto 27 constitucional, en temas de minería, están principalmente en los parágrafos tercero, cuarto y sexto. No están obligadas a tener un seguro ni un fondo en caso de desastre ambiental o afectación que tengan la posibilidad de ocasional a las poblaciones aledañas; es nada lo que pagan por concepto de derecho y poco lo que retribuyen, no hay un equilibrio entre ello. Calificado como uno de los peores catastrofes ambientales de los últimos años en México, el derrame provocó contaminación, daños al entorno, a la salud de los pobladores y al ámbito económico. Además, el CESOP identifica que “el suelo de las zonas mineras no solo recibe los desechos sólidos y líquidos derivados del empleo humano; asimismo aguas ácidas que contienen metales pesados de mineralizaciones sulfuradas aflorantes.
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Está constituido por huesos y músculos, que se encargan de formar el armazón del cuerpo humano, permiten la movilidad del mismo. Está formado por cerebro, medula y nervios periféricos, estos son los que permiten que la gente puedan sentir su cuerpo y se envié la información de que hay que desplazarse a los músculos, además de encargarse de las funcionalidades vitales así como la respiración. Su primordial función es lograr que el cuerpo expulse los desechos una vez se haya realizado el proceso de digestión, pues una vez extraídos los nutrientes fundamentales el cuerpo humano puede liberarse del resto. Cada sistema se encarga de diferentes funciones, pero todos se interrelacionan entre sí, ya que trabajan de forma complementaria.
Por ser parte de su bien común, los entendimientos habituales de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables e imprescriptibles y no serán motivo de apropiación por parte de personas físicas o morales. Restringir la concesión, el registro y el ejercicio de derechos de propiedad intelectual sin validez legal sobre conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas. Admitir que los sistemas de entendimientos habituales constituyen marcos de innovación permanente y de vida intelectual y creativa propias de los pueblos y comunidades indígenas. Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios monetarios y de otro tipo que se delegen del empleo de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas. Fomentar la creación y la ampliación de ocasiones comerciales para los artículos auténticamente derivados de los entendimientos habituales de los pueblos y comunidades indígenas.