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II. Los programas premeditados a ofrecer servicios sociales que empleen a los miembros de los pueblos o comunidades indígenas adjudicatarios del programa y robustezcan las construcciones y practicas comunitarias. Los proyectos a que se refiere el artículo previo, van a tener como base las proposiciones que los pueblos y comunidades indígenas formulen, atendiendo a sus propias necesidades. En la Junta Interinstitucional deberán participar, en el orden federal, al menos las dependencias y entidades pertenecientes de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; en el orden estatal, las dependencias y entidades análogas o que guarden correo por la materia, con las del orden federal, y en el orden municipal, el presidente municipal o el servidor público designado por éste. En él se establece que las formas de proceder de los gobernantes públicos que se desvíen de lo preparado en la ley y por ello constituyan faltas administrativas o delitos, sean evaluados y, en su caso, sancionados conforme a las disposiciones respectivas.
Progresar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el ingreso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. • Para finalizar, se fija un período para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sugiera al Titular del Ejecutivo Federal las reformas de carácter reglamentario que fijen los lineamientos para las compras consolidadas en la administración pública federal. A mayor abundamiento, en temas de aguas se permite a esta dependencia para regular y controlar la conservación de las corrientes, lagos, esteros y lagunas de jurisdicción federal, así como la protección de cuencas alimentadoras y la ejecución de proyectos de corrección torrencial. Cabe precisar que ejercerá las anteriores atribuciones sin interferir en las facultades que en temas de fiscalización ejercita la Secretaría de la Función Pública respecto del cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de contratación por la parte de las dependencias y entidades.
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El intérvalo de tiempo de diferimiento se basará en la naturaleza del medicamento, su farmacocinética, modo de acción y enfermedad de base. El listado se deberá acompañar de instrucciones para la aceptabilidad de los donantes y deberá estar aprobado por el responsable sanitario del banco de sangre y va a estar disponible en los puestos de sangrado que el banco de sangre tuviese. El responsable sanitario de un banco de sangre que tengan bajo su responsabilidad uno o más puestos de sangrado, va a deber supervisar que estos tengan un sistema de gestión de calidad aprobado o la observancia del establecido por nuestro banco de sangre del que depende el puesto de sangrado. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecen que para abastecer de sangre segura a la población hay que fomentar el trabajo en grupo, conseguir la sangre y componentes sanguíneos de donantes voluntarios y altruistas, no retribuidos y regulares, asegurándose que reciban una atención de calidad. De la Constitución, pues con esto se cumplen los objetivos de la educación, como es el respeto de los derechos humanos, particularmente, el derecho al agua y cuidado de los recursos y del ámbito. De un análisis de la Ley General de Salud se desprende que ésta no contempla como materia de salubridad general la orientación, prevención, detección temprana, atención especializada, régimen y control del cáncer en la niñez y la adolescencia, más allá de que, como se ha señalado, en nuestro país el cáncer es ya la principal causa de muerte en pequeños de cinco a 14 años. Con esta iniciativa se pretende que el cáncer en pequeños, niñas y jovenes esté en las preferencias esenciales de atención de los servicios básicos de salud que por obligación legal debe ofrecer el Estado a la población.
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En su caso, los procedimientos adicionales que se hubiesen realizado, así como irradiación, remoción de la capa leucoplaquetaria o leucodepleción. Podrán emplearse etiquetas validadas con sistemas electrónicos que permitan contrastar los datos, procesamiento, temperatura y trazabilidad inseparable a las entidades. Se tienen la posibilidad de omitir las pruebas a que se refiere este apartado en el momento en que se identifique el antígeno D por genotipificación sanguínea. Las pruebas a que hace referencia el apartado anterior se podrán efectuar en tubo, soporte sólido, gel o esferas de vidrio.
- Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al avance, a través de el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para beneficiar su educación y su participación en la toma de decisiones similares con la vida comunitaria.
- La nueva administración tendrá como prioridad que la Secretaría de la Función Pública ejercite un control mucho más eficaz a efecto de garantizar la legalidad de las actuaciones de los servidores públicos, por medio de la evaluación del desempeño de políticas y programas a fin de tener un servicio público eficaz y de calidad.
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Es por ello que debemos fomentar la participación ciudadana y brindar un mayor empoderamiento a los ciudadanos que les permita coadyuvar con los adjudicatarios o titulares de los derechos de los programas sociales, en todas aquellas acciones que incidan en el control, vigilancia y evaluación de los programas de gobierno. Para tal efecto, se propone la adición de un segundo parágrafo al producto 70 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que el gobierno federal promueva la participación de las OSC en tareas relacionadas con la contraloría social, en especial en la capacitación, asesoría y acompañamiento de los comités integrados por los beneficiarios de los programas. Estas cantidades ponen de manifiesto, por una parte, la carencia de supervisión al desempeño de los planes sociales; y por otro, la necesidad de generar las condiciones para que la sociedad civil participe desde las OSC y se impliquen en el control del gasto público que se realiza por medio de los programas sociales de gobierno. El uso de los planes sociales con fines político-electorales es un mal recurrente en nuestro país que puede y debe ser combatido con la participación activa de las OSC, con lo que se necesita de un esquema de fondos públicos para esta labor y que se logre desarrollar un esquema nacional de contraloría social, que sea verdaderamente efectivo, transparente y profesional. Dado el bajo nivel de escolaridad de los beneficiarios de los planes sociales y sus condiciones de pobreza, es realmente difícil que -por sí mismos- puedan constituirse en contralorías sociales funcionales, dados los requisitos que tienen que cumplir, por eso resulta importante brindarles el acompañamiento de organizaciones independientes y ajenas a la administración pública y de los partidos.
Las entidades de plasma o crioprecipitados una vez descongeladas no deberán congelarse nuevamente para futuros usos transfusionales, salvo en la situacion del plasma sobrenadante tras separar el crioprecipitado. La vigencia que va a deber asignarse a las unidades de plasma y crioprecipitados se indica la tabla 25 de esta Norma, mientras que se mantengan todo el tiempo a las temperaturas que apunta exactamente la misma tabla. El periodo de tiempo de vigencia de las entidades de plasma y los crioprecipitados se cuenta desde la extracción de la sangre o de la plasmaféresis. El intérvalo de tiempo de vigencia del plasma desprovisto de componentes lábiles se cuenta a partir del acontecimiento que lo realiza considerarlo como tal. Los requisitos de calidad de las unidades de plaquetas descongeladas se señala la tabla 23 de esta Regla. La vigencia y temperatura de conservación de las entidades de plaquetas congeladas se apunta la tabla 22 de esta Norma. Las unidades de plaquetas obtenidas por aféresis tienen la posibilidad de reducir los peligros de aloinmunización a antígenos leucocitarios humanos y de transmisión viral al disminuir el número de exposiciones alogénicas; igualmente, constituyen un régimen efectivo para pacientes previamente aloinmunizados.
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Por esa situación es que hoy no cabe separar seguridad nacional y seguridad pública, sin establecer nuevamente, en todo el territorio nacional, la segunda, el Estado mexicano no podrá garantizar la primera, que finalmente no es sino la presencia y desempeño normales del Estado y sus instituciones y la preservación de la integridad del territorio nacional. Para cumplir ese objetivo va a ser puesta en práctica una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la delincuencia, el delito organizado y la crueldad que nos encontramos padeciendo. Ha quedado bastante claro que la utilización de las policías y de las fuerzas armadas es deficiente frente a las dimensiones del inconveniente y sus múltiples manifestaciones. Debemos tener claro, autoridades y sociedad, que la solución debe partir de la unidad de acción y de mando de las fuerzas del Estado, desde el ayuntamiento y las entidades federativas, hasta los mandos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Toulouse y profesora titular en Le Mans Université. Sus investigaciones se enfocan en el sistema de justicia del Imperio hispánico y su adaptación a la población autóctona a través de la creación de cargos concretos como los de defensor de indios y también intérprete. Analiza asimismo la utilización que hicieron los mayas de Yucatán de las instituciones para defender sus propios intereses.
